Ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado, ni por sus padres, madres o tutores. La propuesta presentada esta semana para limitar los derechos de nuestras niñas a decidir sobre sus cuerpos representa una grave transgresión de derechos, particularmente contra aquellas menores que han sido víctimas de violación e incesto.
Esta reafirmación de sus derechos quedó plasmada en la Convención de los Derechos del Niño en el 1989 en la cual se establece la obligación de los Estados a garantizarles las condiciones necesarias para formar su juicio propio, salvaguardando su derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten. Asimismo, en nuestro ordenamiento el compromiso con mantener estos derechos y capacidades ha sido reiteradas en la Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico.
Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación o incesto implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género.
Por una lado, en la exposición de motivos de la medida, se habla del trauma post aborto de una menor. Pero por otro nada se menciona sobre como las complicaciones del embarazo y del parto son la principal causa de muerte en las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo, esos efectos trascienden a sus hijas e hijos, quienes registran mayor mortalidad y morbilidad infantil. Tampoco se aborda el impacto emocional, psicológico, social y económico que enfrentará en toda su vida futura al llevar de manera forzada un embarazo. Ni hablar de tener que llevar de manera forzada un embarazo producto de una violación y en muchas ocasiones también producto del incesto.
El rol del Estado debe ser el de proteger los derechos reproductivos y el derecho a decidir sobre sus cuerpos, para que las niñas puedan, en condiciones seguras, abortar y ser atendidas tras hacerlo. Se debe garantizar el acceso de las adolescentes a servicios de aborto sin riesgo y de atención posterior al aborto, asegurándose de que la opinión de la joven, sin coacción alguna, siempre sea la que determine su proceso de decisión.
Las jóvenes que han quedado embarazadas involuntariamente deberían recibir información fiable y asesoramiento comprensivo, con indicación de los lugares y plazos en los que pueda ponerse fin legalmente al embarazo. Aunque el aborto todavía sea legal, también debe ser seguro y accesible.
Las decisiones sobre el aborto y los demás derechos reproductivos pertenecen exclusivamente a la mujer embarazada, sin interferencia por parte del Estado o de terceros. Debe rechazarse cualquier restricción que interfiera indebidamente con el ejercicio de las mujeres y de las niñas de todos sus derechos humanos. Hay que detener ya la insistencia de querer criminalizar a las mujeres y niñas que deciden sobre sus cuerpos.
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